La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido hoy al juez Baltasar Garzón que tome muestras de ADN de ocho ancianos, cuyo riesgo de muerte es 'inminente', y que pueden tener relación directa con los llamados 'niños perdidos del franquismo'.
Pese a que la petición se dirige al magistrado de la Audiencia Nacional, Garzón no podrá llevar a cabo estas diligencias porque se ha inhibido en favor de los juzgados territoriales donde están localizadas las fosas en las que pudiera haber restos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, por lo que estas solicitudes deberían registrarse en esos órganos judiciales.
La ARMH y la asociación 'Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo' reconocen la inhibición de Garzón, pero subrayan que según el auto de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que declaró al juez no competente para investigar estos hechos, sí lo era en 'aquellas diligencias que se consideren de reconocida urgencia'.
De este modo, interesan las mencionadas pruebas 'por razones de urgencia' ya que desde que Garzón admitió a trámite sus denuncias (en octubre de 2008), han fallecido dos mujeres -de 96 y 84 años-
'que se hallaban en búsqueda de familiares desaparecidos durante la represión franquista'.
Así, quieren que se tome muestras de ADN de dos mujeres -de 100 y 93 años- a quienes pudieron haberles robado sus hijos al nacer en la maternidad de la madrileña calle de Serrano y en la prisión de Amorebieta (Vizcaya), así como de dos hermanos (de 75 y 73) que llevaron al orfanato de Sevilla cuando mataron a su madre y detuvieron a su padre, que también buscan a tres de sus hermanos.
También indican la identidad de dos mujeres que han llegado a saber del paradero de sus padres naturales a través del programa de televisión 'Quién sabe dónde', y de otros dos hombres que 'carecen de todo conocimiento de sus familias'.
Reclaman además que tome declaración a una matrona que estuvo presa en diversas cárceles hasta los años cincuenta, donde asistió a partos de otras reclusas y que 'conoce de hechos ocurridos en circunstancias de represión y de la pérdida de identidad de otras personas'.
En el escrito consta también que una 'gran mayoría' de personas que han realizado búsquedas de familiares establecen como fondo documental el Consejo Superior de Protección de Menores, que depende del Ministerio de Justicia y cuyos fondos se encuentran en el Archivo General de la Administración.
Se muestran en esos fondos 'la concreta realidad y las circunstancias concretas de los niños tomados en guerra o posguerra, sus nombres originarios, sus padres biológicos, los destinatarios de adopciones irregulares o la simple separación física para evitar relación paterno filial en base a motivaciones de raíz política'.
Las asociaciones también han pedido a Garzón que remita la causa a los Juzgados decanos de otras nueve localidades -Loja y Motril (Granada), Santiago de Compostela y Ortigueira (A Coruña), Segovia, Cartagena, Puertollano (Ciudad Real), Guadalajara y Santander- para realizar las exhumaciones solicitadas en esos lugares.
Terra Actualidad - EFE